La Comisión Europea ha abierto una investigación contra Telefónica por abuso de posición dominante en el mercado de banda ancha de Internet desde 2001, mediante la imposición a sus competidores de unos precios para el acceso a la infraestructura que les impiden competir en el mercado minorista.

La Comisión Europea ha abierto una investigación contra Telefónica por abuso de posición dominante en el mercado de banda ancha de Internet desde 2001, mediante la imposición a sus competidores de unos precios para el acceso a la infraestructura que les impiden competir en el mercado minorista. Telefónica, por su parte, alega que ha actuado “correctamente”, conforme a la legislación española. La operadora española mantiene una posición dominante como operador de línea fija en el país, con el 78% del mercado.

El Ejecutivo comunitario ha enviado a la operadora española de telecomunicaciones un pliego de objeciones, lo que no implica su culpabilidad, precisa la Comisión, que tomará una decisión una vez haya recibido la respuesta de Telefónica.

Si bien una declaración así no significa que el regulador encuentra automáticamente a Telefónica culpable de violar las reglas de la competencia, sugiere que la Comisión cuenta con un argumento fuerte, informa el diario ‘Financial Times’.

La Comisión explica que si Telefónica hubiera tenido que pagar el precio que ha impuesto a sus competidores por el acceso a la red, habría registrado pérdidas significativas.

Según Bruselas, al reducir los márgenes al mínimo, Telefónica impide a las compañías que pretenden entrar en ese mercado y que deben utilizar su infraestructura competir en el mercado minorista.

El Ejecutivo comunitario recuerda que Telefónica es la única operadora que cuenta con una red de banda ancha con cobertura en toda España.

Telefónica tiene ahora dos meses para presentar sus objeciones al informe de la Comisión y podrá hacerlo de manera oral. Si, una vez conocidos los argumentos de la compañía, la Comisión confirma sus conclusiones preliminares, podrá imponerle una multa por prácticas contrarias a la libre competencia.